La subida de precios que están padeciendo todos los sectores de actividad influye claramente en su situación y en el caso de los constructores y excavadores de Cantabria les ha llevado a enviar una carta al consejero de Obras Públicas para pedir que se actualicen los precios de las obras ya que las empresas no pueden trabajar con los actuales debido al brutal incremento que pone en peligro a las empresas y el empleo. Actualmente, el sector de la construcción da empleo a unas 17.000 personas y lo forman unas 6.000 empresas. A las tareas concretas de excavación se dedican unas 50 o 60 empresas que cuentan con entre 2.000 a 2.500 trabajadores del total del sector.

La CEOE mostró ayer su apoyo a las dos patronales y pidió al Gobierno cántabro que actúe ya que la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria (ACP) y la Asociación de Excavadores de Cantabria (Aexca), se han dirigido por carta al Gobierno regional para exigir que pongan en marcha los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para que pueda llevarse a cabo una actualización de los precios en curso en la obra pública.

Para estas dos asociaciones, la activación de esta medida permitiría, al menos, equilibrar una parte de las consecuencias que está teniendo la crisis de materas primas, los incrementos en los precios de la energía, el colapso del transporte y la escasez de materiales que está propiciando dificultades en el abastecimiento y plazos de entrega, volatilidad de los suministros y, sobre todo, un incremento inaudito de precios.

Este escenario, que es muy negativo para el conjunto de la economía, resulta letal para el sector de la construcción ya que rompe con el marco económico que se había establecido en los contratos de obra pública y privada y hace imposible el mantenimiento de las condiciones pactadas. De hecho, algunas empresas están renunciando ya a obras que tenían adjudicadas.

En la carta que las dos patronales han enviado al consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (con copia al presidente y vicepresidente del Gobierno regional, así como al presidente de la Federación de Municipios) se señala que «en defensa del sector de la construcción, exigimos al gobierno de Cantabria la inmediata adopción del acuerdo de adhesión al sistema de revisión de precios de los contratos de obras del sector público, según lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, a fin de intentar paliar en lo posible el desequilibrio económico que la subida de costes está causando en este tipo de contratos en beneficio de la propia Administración».

El conjunto del sector de la construcción vive una situación extrema por el desaforado incremento de los precios de los materiales y el carburante. En este contexto, pueden producirse situaciones de suspensión de la actividad entre sus proveedores y que éstas acaben provocando «un efecto en cadena» que obligue a las empresas a la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo, concursos de acreedores y al incumplimiento de los plazos de entrega pactados. En estos momentos muchos proveedores del sector no dan presupuestos a más de 10 días vista. Este problema se suma al encarecimiento de las materias primas que se vienen experimentando desde el año pasado. Desde marzo de 2021 asistimos a una escalada inflacionaria a la que se sumó la escasez de determinadas materias primas a nivel global como consecuencia de la reactivación pospandemia.

La guerra

La invasión rusa de Ucrania ha provocado una subida no vista hasta ahora de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes que están castigando fuertemente a fabricantes de materiales y al transporte, dos elementos clave para la construcción.

CEOE recuerda que hace unas semanas el Gobierno de España aprobó un mecanismo de revisión de precios de la obra pública para compensar a las empresas por el incremento del precio de los materiales para los contratos en vigor. Ahora, por la situación extrema que están soportando, las dos asociaciones solicitan que esta revisión se tenga en cuenta también en los proyectos y encargos privados. Las medidas deben ser «radicales y urgentes para evitar el colapso de toda la promoción y construcción de viviendas y las consecuencias derivadas para el conjunto de la economía». La patronal reconocer que «es posible que el decreto del Gobierno de España se quede corto, pero hasta que llegue un decreto regional más justo y generoso con la situación actual de la construcción, hay que aplicarlo, como ya han hecho otras comunidades autónomas».