La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Villarejo’, Manuel García Castellón, que cite en calidad de investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Busca así que responda sobre su posible participación y/o conocimiento en la contratación de los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo por la eléctrica, según señalaron fuentes jurídicas. El Ministerio Público también interesa la declaración del ‘número dos’ de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; del expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y del ex jefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo.

Esta solicitud, a la que ahora debe dar respuesta el magistrado, llega solo cuatro días des- pués de la celebración de la junta de accionistas del Iberdrola. También después de que se incorporara en mayo a la causa un nuevo informe de la Policía Judicial en el que se analizaban supuestas conversaciones entre el comisario y el responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, principal investigado por estos hechos.

En ellas, el comisario jubilado se refería en diferentes momentos al presidente de la eléctrica como «don Ignacio» o el «señorito» y sugería su posible conocimiento de estos servicios de inteligencia, es decir, sobre los encargos de espionaje a ACS o Endesa. Sin embargo, Asenjo desvinculó por completo a Sánchez Galán en su declaración hace unos meses ante el juez.

El pasado 25 de mayo, en vista a la previsible petición de la Fiscalía Anticorrupción, la comisión ejecutiva de Iberdrola, máximo órgano interno, acordó informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su disposición a declarar en el juzgado. Este movimiento incluyó a Galán y a toda la cúpula directiva, ante lo que consideraban la mejor manera de proteger el «interés social» de sus accionistas y tratar de atenuar el «significativo desgaste reputacional» que vienen sufriendo desde que se abrió en 2019 la pieza separada número 17 del ‘caso Villarejo’.

Un millón en contratos

Según informó entonces la eléctrica, este paso se produce «sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas» realizadas por la compañía sobre estos contratos, que se extendieron entre 2004 y 2017 y por los que se abonaron cerca de un millón de euros. La intención es remitir al juzgado «cualquier información relevante» contenida en su informe forense y piden que las comparecencias sean «tan pronto como sea posible», a fin de «facilitar la finalización de la investigación».

Iberdrola apuntó, además, que esta pieza separada «ha sido aprovechada por competidores que han atacado la reputación y buen nombre de la compañía», lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y reputación. Añade que lleva «sufriendo» desde 2018 «un significativo desgaste» que ahora quieren controlar.

La decisión de la eléctrica llegó en un momento crucial para el devenir de la causa. La razón es que los fiscales anticorrupción, como este martes se ha confirmado, tenían previsto informar de manera favorable al juez sobre la citación como investigado de Sánchez Galán y el resto de directivos. El espejo son los antecedentes de otra pieza del ‘caso Villarejo’ en la que están imputados el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y también el de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, que se asemejaría ahora a la situación del presidente de Iberdrola.