El problema de la okupación en España no para. Y la Comunidad de Madrid no es ajena a ello, todo lo contrario. Los últimos datos disponibles arrojan un crecimiento de esta realidad y las autoridades cifran en un total de 5.316 las usurpaciones detectadas en la región. Un total de 1.316 se denunciaron el año pasado, una cantidad –las de nuevos casos– que, sin embargo, ha disminuido de forma paulatina en los últimos años; pero la cifra total, si la extrapoláramos a una ratio, nos saldrían 30 okupaciones cada dos días. Y eso tomando como referencia, insistimos, la casuística puesta en conocimiento de las autoridades. Cerca del 40% del total son de titularidad pública del Gobierno regional.

Durante el año pasado, se produjeron un total de nuevos casos 14.675 en toda España, de los cuales 1.316 se produjeron en la Comunidad de Madrid. «A ellos hay que sumar otras 4.000 viviendas que fueron okupadas años anteriores (2.000 de la Agencia de Vivienda Social y otras 2.000 de privados)», precisan desde la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, que dirige en funciones el magistrado Enrique López (PP).

El listado de nuevas denuncias lo preside Cataluña (con un millón de habitantes más que nuestra región, aunque supera con creces, en comparación, los datos de Madrid), con 6.647 nuevas okupaciones; solo en Barcelona fueron 4.793 los casos, según los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. Es decir, casi el triple de las denuncias registradas en nuestra Comunidad. En Madrid, como se ha dicho, el año pasado acabó con 1.316 nuevas okupaciones; mientras que un año antes fueron 1.441; y en 2015, por ejemplo, ascendieron a 1.630.

Base de datos en una ‘app’

Desde el departamento de López recuerdan que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso «ha firmado un acuerdo con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, por el cual se va a poner en marcha una nueva aplicación que permitirá el acceso inmediato a la información sobre la titularidad de un inmueble en el caso de una denuncia por allanamiento de morada, ocupación o usurpación». Por el momento, ya se está formando a los policías locales y a los supervisores de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 en el conocimiento y uso de esta herramienta. Ese canal telemático, inciden desde Justicia e Interior, «es fruto del convenio de colaboración que suscribió el pasado 1 de marzo la Comunidad con el Colegio de Registradores».

800 expedientes ante el juez

En cuanto a las viviendas públicas objeto de este tipo de litigios, desde la Consejería de Vivienda, cuyo titular en funciones es David Pérez, han remitido a los juzgados más de 800 expedientes administrativos de recuperación de inmuebles de la Agencia de Vivienda Social, antes conocido como Ivima. «Igualmente, en la legislatura recién acabada, hemos recuperado mediante autos judiciales más de 330 viviendas que se incorporan al parque social de la Comunidad de Madrid de nuevo», inciden.

El parque de casas y pisos públicos del ente autonómico es de 23.500 unidades. Recuerdan que «unas dos mil están okupadas, con distintos grados de usurpación». Se refieren a desde expedientes administrativos en los que no se ha resuelto la titularidad del inmueble o han sido transmisiones irregulares «hasta las que han sido tomadas de manera violenta, que son las de menor número, entre 300 y 400».

Enrique López manifiesta a ABC que, «en la Comunidad de Madrid, pese a no tener competencias en materia de seguridad», están «comprometidos con el combate contra la okupación». El también juez destaca que «los datos no son una broma y es lamentable que haya fuerzas políticas y algunas administraciones que miran hacia otro lado ante este problema».

Aunque no lo explicita, se refiere en el primero de los casos a partidos como Unidas Podemos, que siempre han puesto trabas a las recuperaciones de viviendas usurpadas. Conviene recordar que muchos de los miembros destacados de esta formación provienen del movimiento okupa o incluso han sido condenados por agredir a policías en lanzamientos, como es el caso de Isa Serra, que ha tenido que dejar su escaño en la Asamblea por ello.

Otra ley estatal específica

Sobre las cifras de okupación en Madrid, Enrique López valora «de forma positiva la reducción del número de okupaciones» –en cuanto a denuncias en 2020–, pero considera que «queda mucho por hacer».

Y añade: «Somos partidarios de la aprobación, cuanto antes, de una ley estatal contra la ocupación ilegal, que incluya recuperar el delito de usurpación y que facilite a las Fuerzas de Seguridad del Estado poder echar a los okupas de los inmuebles en un plazo máximo de 48 horas».

Sobre las cifras registradas en Barcelona, explica: «Las cifras en Cataluña son escandalosas». Una estadística que López vincula a que llevamos «muchos años en los que las autoridades catalanas se han especializado en poner en duda la legalidad vigente, y eso tiene consecuencias en todos los ámbitos».